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España ante la Gran Recesión del siglo XXI

Archivo España

Luces y sombras del modelo socioeconómico español

España era hasta hace unos años ejemplo por su transformación socioterritorial, que se inicia a principios del siglo pasado, se consolida a finales de los cincuenta, y se acelera desde los noventa hasta el momento actual (Nadal Oller et al., 2003). Este cambio, que algunos expertos como Jean-Michel Quatrepoint han denominado el milagro económico español, supuso con altibajos un importante crecimiento del PIB (fig. 1), nuevos modos de vida, de actividad económica, de relaciones sociales y políticas, y de cambios en la organización política y territorial. España se transformó pasando de un modelo de sociedad autárquica y cerrada por otro plenamente integrado en la Europa comunitaria y, por primera vez, acompasado al ritmo de las sociedades más avanzadas [1].

Pero la crisis financiera internacional surgida en Estados Unidos ha complicado especialmente la de este país, donde la expansión económica de los años precedentes había llevado a la formación de una “gran burbuja inmobiliaria” (Bergés Lobera, García Mora, 2009; Brenner et al., 2011). La Gran Recesión actual en España es de naturaleza global (Lois González, 2009), afectando a todos los territorios, sectores y ámbitos económicos, descalabrando las economías familiares y con potenciales repercusiones socioterritoriales similares a la de la Gran Depresión de 1929 (Niño Becerra, 2010). Las entidades financieras, que deberían de solventar este problema, no pueden hacerlo porque sufren las consecuencias de los excesos del pasado en la concesión de créditos bancarios (Borja, 2011), y de unos requisitos financieros exteriores más estrictos que les están ocasionando graves problemas de tesorería. Por otra parte, los gobiernos central, regional y local se encuentran en situación de no poder abordar las prestaciones y servicios por la falta de liquidez debido al recorte de sus ingresos.

Esto supone, que si se quieren mantener los niveles de crecimiento y de calidad de vida alcanzados en las últimas décadas, serán necesarios cambios en la organización administrativa, en la actividad productiva, en el modelo de empleo y en la capacitación laboral.

Factores explicativos de la realidad socioeconómica española

Para comprender la situación actual hay que valorar la evolución de la economía española de una economía agraria a otra industrial y de servicios, que han supuesto importantes cambios socioterritoriales, y que marcan el modelo basado en la construcción y la obra pública desde hace más de medio siglo (Prados de la Escosura, 2003).

El Plan de Estabilización de finales de los cincuenta, aplicó una terapia de choque devaluando la peseta, subiendo los tipos de interés, congelando los salarios y abriéndose a las inversiones de capital extranjero. Esto supuso una reactivación económica, el mayor trasvase de población desde el campo a la ciudad, la reactivación de la emigración hacia los países europeos, el inicio de la apertura al mercado exterior y la conformación de lo que después serán los centros y ejes productivos de finales del siglo XX y principios del XXI como son Madrid, País Vasco, Eje del Ebro, Arco Mediterráneo, y en menor medida las islas.

La incorporación a la Unión Europea, que a partir de 1986 supuso la llegada masiva de fondos estructurales, y que han sido las bases para una mejora sin parangón en las infraestructuras viarias y ferroviarias. Esta continuada llegada de recursos fueron hábilmente utilizados por las administraciones públicas españolas, y han sido determinantes para la mejora de los equipamientos públicos en las regiones socioeconómicamente más retrasadas como Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia o Andalucía, y que permitieron consolidar a España como una de las economías de referencia en el contexto europeo.

El motor del turismo, que ha alimentado desde hace medio siglo la economía española, estableciendo un modelo territorial en el arco mediterráneo y en las islas, especializado en los servicios, con una participación en 2012 de un 10% en el Producto Interior Bruto nacional. Es la respuesta a las demandas de las clases medias y populares europeas, que han colocado a España entre los tres grandes destinos turísticos mundiales.

La especialización de la economía en el mercado inmobiliario y la construcción, con más de una década de crecimiento muy por encima de países como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia — con años en los que España ha construido tantas viviendas como todos los citados en conjunto — y una participación en el PIB de un 11% y de hasta un 8% de la población activa. Este sector ha sido uno de los instrumentos de los que se sirvió una parte de sistema financiero y de los fondos de pensiones e inversiones europeos, al aprovecharse de los diferenciales del mercado español merced a la burbuja inmobiliaria para obtener substanciosos beneficios, imposibles de alcanzar en sus mercados internos (Krugman, 2012). Se insuflaron generosos recursos en los bancos y cajas de ahorros ibéricas, recalentando este modelo productivo. Además, fue un canal más para el lavado y legalización de importantes sumas de dinero negro europeo y mundial. A través de complejos entramados de promotores inmobiliarios, sociedades constructoras, empresas de servicios y vidriosas desregulaciones urbanísticas auspiciadas por el cuerpo político, se favoreció el desmesurado mercado inmobiliario de los espacios costeros mediterráneos, que sólo inician su descenso con la retracción de la demanda y la pérdida de rentabilidad en 2007, acelerando su desplome tras la crisis del sistema financiero a finales del 2008.

El crecimiento de una población activa (fig. 2) que pasa de los trece millones en 1976 a los más de veintitrés en el momento actual. Esto se explica por la decidida incorporación de la generación del baby boom, y de la mujer — aun insuficiente — al mercado laboral, así como por la llegada de casi seis millones de inmigrantes: la península se consolida como uno de los grandes mercados laborales europeos centrado en la construcción y los servicios. El arco mediterráneo, el área metropolitana de Madrid y el valle del Ebro se conforman como los grades espacios de actividad laboral de estos años. No obstante, presenta ciertos lastres como la precariedad laboral, una tasa de temporalidad más del doble que la media europea, el elevado desempleo juvenil, la escasez de contratos indefinidos de jornada parcial, la reducida movilidad de los trabajadores, la elevada siniestralidad, el escaso arraigo del trabajo bien hecho, la desigual cualificación, la falta de implicación con la empresa, y una productividad por debajo de las economías más pujantes al especializarse en sectores demandantes de mano de obra extensiva como la construcción, que le hacen ser poco productiva. Y actualmente, en los momentos de crisis económica ha supuesto el fulgurante crecimiento de las tasas de paro.

Diferencias socioterritoriales de la actividad económica española

Estos factores explicativos anteriormente enunciados han supuesto unos efectos socioterritoriales que se marcan muy claramente teniendo en cuenta la:

• Actividad económica (fig. 3)
• Condición socioeconómica (fig. 4)
• Renta media disponible (fig. 5)
• Cambios de accesibilidad por las infraestructuras viarias y ferroviarias (fig. 6)

El análisis de todos estos factores permiten caracterizar territorialmente a España en siete tipologías de espacios:

• Áreas metropolitanas centrales
• Segundos cinturones de las grandes aglomeraciones
• Espacios turísticos costeros
• Áreas rurales de especialización turística
• Ejes industriales
• Espacios agropecuarios
• Áreas vacías.

No obstante, es importante reseñar que, a grandes rasgos, se visualiza una diagonal que cruza la Península de noroeste a sudeste y que acoge en la mitad más septentrional los municipios de condición socioeconómica (encuadre) más elevada (fig. 4). Particularmente los niveles de renta marcan el cuadrante Madrid-Bilbao-Barcelona-Valencia como el territorio con mayores niveles de renta familiar y que actualmente presentan los niveles de paro más bajos (fig. 5).

Las áreas metropolitanas centrales son las que, desde el punto de vista productivo, constituyen, junto con los espacios turísticos, los motores de la economía española. Cuentan con una población dedicada al sector terciario y cuaternario avanzado (tecnologías de la información y la comunicación, actividades de negocios, servicios a empresas, centros de decisión económica, etc.) y con una importante actividad industrial (fig. 3). Muchas de ellas corresponden a los espacios urbanos de tamaño medio y grande, y son herencia de los sucesivos movimientos migratorios del campo a la ciudad. Sus consecuentes concentraciones que se inician a finales del siglo XIX, teniendo su apogeo en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado; Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Coruña, Vigo, Gijón, Oviedo, Burgos, Sevilla o Lleida, responden a estas características en mayor o menor grado y se extienden por las orlas metropolitanas más cercanas.

Los grandes espacios metropolitanos, donde es notorio que sus ritmos de crecimiento municipal figuran entre los más elevados del país, coinciden, en esta mitad septentrional — con condiciones socioeconómicas elevadas, o por lo menos, por encima de la media española — con los de mayor nivel de renta familiar disponible (fig. 5), reforzando de nuevo esa diagonal simbólica que marca el cuadrante de oro de la economía española y que se han conformado, junto con el eje mediterráneo, en las verdaderas locomotoras del milagro español.

Sin embargo, aun con una condición socioeconómica y niveles de renta municipal inferiores a la media española (fig. 4 y 5), las ciudades meridionales tuvieron unos crecimientos demográficos reales superiores al español e incrementaron su renta muy por encima de la media nacional, reduciendo una parte importante del diferencial socioeconómico e impulsando importantes proyectos de desarrollo.

Se puede destacar todo el eje mediterráneo desde Valencia hasta Huelva, las islas Baleares y Canarias, y las ciudades autonómicas de Ceuta y de Melilla, que crecieron por la combinación de las actividades turísticas, la agricultura intensiva, la construcción, la industria y los servicios auxiliares. Por otra parte, además del crecimiento de Madrid y su área metropolitana, es de destacar el aumento significativo de las rentas familiares en los municipios circundantes a grandes ciudades del cuadrante nororiental como Logroño, Zaragoza, Pamplona, Burgos, Valladolid, Palencia, León, Bilbao, San Sebastián y Oviedo, respondiendo a los procesos de periurbanización que se dieron en esos años por el aumento de los costes residenciales en los espacios centrales, y que favorecieron la salida de unas clases medias hacia sus entornos circundantes.

Estos segundos cinturones de las grandes aglomeraciones como Madrid o Barcelona, Bilbao, Málaga, A Coruña o Sevilla, presentan una población activa predominantemente orientada hacia el sector terciario pero que trabajan en los espacios centrales o turísticos (fig. 3). En las grandes metrópolis de Barcelona o Madrid sus niveles de renta son superiores (fig. 5), al alojar a una parte de las clases medias-altas de estas aglomeraciones (Las Rozas o Majadahonda en Madrid, San Cugat en Barcelona, etc.). Por otra parte, hay también un importante peso de la construcción en los espacios que han crecido más en los últimos años como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla ya que son núcleos urbanos que han recibido en la última década los mayores crecimientos residenciales, y actualmente son los que más están sufriendo el parón de este sector.

Los espacios turísticos costeros como Málaga, Cádiz, Alicante, Murcia-Cartagena, Palma de Mallorca, Costa Dorada, Costa Brava y los espacios insulares de Baleares o Canarias responden de manera similar, pero en función de las actividades hosteleras y de servicios al turismo. Igualmente, el peso de la construcción en estas zonas ha respondido a la fortísima demanda de segundas residencias y apartamentos que se han edificado en toda la costa mediterránea y en las islas, y son también los que están viendo caídas de hasta el 60% en los precios de los inmuebles, aunque la condición socioeconómica y de renta difiere bastante entre la costa catalana y balear y el resto (fig. 4 y 5).

Ligeramente diferente es lo que ocurre en las áreas rurales de especialización turística interior y en las áreas de montaña, convertidos en espacios de segunda residencia o destinos turísticos por sus características medioambientales o por el desarrollo de actividades relacionadas con la nieve; en ellos se han abandonado las actividades agropecuarias por las terciarias y un fuerte crecimiento de la construcción, muchas veces con la consiguiente tensión entre sostenibilidad y desarrollo a ultranza. Su especialización hacia un turismo nacional está manteniendo una parte de la ocupación, aunque con niveles de gasto muy inferiores a la década anterior y con el consiguiente parón de las urbanizaciones y complejos residenciales. Esta contracción de la construcción está suponiendo la pérdida de efectivos demográficos por la salida de una parte de la población emigrante que trabajaba en ese sector y en los servicios de baja cualificación. Sobre todo se mantienen aquéllos que poseen en sus proximidades espacios naturales ampliamente conocidos (parques naturales) o especializados en la actividad de la nieve en las zonas pirenaicas (Benasque, Jaca, Baqueira, etc.) con unos niveles de renta superiores a la media nacional (fig. 5).

Diferentes son algunos ejes industriales como en el área sur de Madrid, el gran Bilbao, el valle del Ebro y los entornos de Barcelona, Valencia, Vigo o A Coruña, que corresponden con los municipios de los segundos y terceros cinturones metropolitanos y aquéllos que se localizan en los ejes funcionales de comunicación. El peso del sector terciario es similar o inferior a la media nacional, pero predominan las actividades industriales. La disminución de la demanda interna y el descenso de las exportaciones está suponiendo importantes aumentos de las cifras del paro en muchas de estas ciudades.

Los espacios agropecuarios, ya sea intensivos (huerta murciana o levantina, costa de Almería, etc.) o extensiva (interior de Andalucía, norte de Galicia, Asturias, meseta castellana, etc.), presentan un débil peso de las actividades terciarias, inferiores a la media nacional y que están sufriendo la disminución de la demanda europea y la competencia de nuevas superficies hortícolas en el norte de África y en la Europa noratlántica. La diferencia radica en que los primeros han aumentado considerablemente la renta familiar disponible, frente a los segundos que pueden sufrir un vaciado irreversible (fig. 5).

Finalmente, habría que reseñar las áreas vacías, que corresponden, fundamentalmente a la España interior envejecida, con una escasa actividad económica, débilmente poblada, con bajas rentas y que mantiene unas infraestructuras de comunicación deficientes. Son los espacios de la Galicia interior, una gran parte de Castilla y León, Aragón y a los pequeños municipios de Castilla La Mancha y Extremadura (fig. 3, 5 y 6).

Transversalmente a todos estos espacios territoriales, salvo los espacios vacíos, se ha consolidado una red de infraestructuras y de telecomunicación de alta capacidad que ha sido un factor decisivo para la mejora de la actividad española y, en un futuro inmediato podría ser determinante en el nuevo modelo productivo. Se ha respondido a los anhelos de integración en el modelo europeo y, aunque todavía presenta cuellos de botella en materia de conexiones con Francia (Serrano Martínez, 2004), se han mejorado las relaciones internas a pesar de que el modelo todavía refuerza algunas de las relaciones radioconcéntricas sobre Madrid al no haberse finalizado todas las actuaciones previstas en el actual Plan Estratégico de Infraestructuras (Ministerio de Fomento, 2004).

Desde hace más de quince años se ha realizado un importante esfuerzo inversor en vías de alta capacidad, alta velocidad ferroviaria, aeropuertos nacionales e internacionales, puertos, redes de cercanías, circunvalaciones urbanas, etc., buscando la mejora de la competitividad en un contexto de libertad de movimientos de capitales, personas y bienes. Esta inversión pública ha supuesto, desde principios de los ochenta, el 30% de la inversión pública, con el aporte decisivo de los Fondos Europeos.

En el momento actual, considerando las redes viarias y la alta velocidad, se observa como las infraestructuras han cambiado la conectividad espacial y han mejorado los niveles de accesibilidad, pero manteniendo importantes disparidades ligadas a las limitaciones orográficas del territorio y a la cercanía a las redes de alta capacidad (autovías, autopistas, y alta velocidad ferroviaria), con las mejores accesibilidades en los espacios próximos a nodos ferroviarios, viarios y con elevada población (fig. 6). En valores absolutos destacan el occidente de Castilla León, Andalucía occidental, el eje Lleida-Camp de Tarragona-Barcelona y su extensión por toda la costa catalana, los entornos metropolitanos de Madrid, los ejes Toledo-Ciudad Real-Puertollano o Zaragoza-Huesca, la costa Valenciana, el norte de la Mesa Central, y los entornos de Cuenca y Albacete. Por otra parte, la existencia de redes viarias de alta capacidad favorece una accesibilidad por encima de la media nacional en los ejes de penetración hacia Galicia en el centro de Asturias, País Vasco, La Rioja y sur de Navarra.

Con una situación más baja destacarían las zonas de montaña como los Montes de Toledo, el Sistema Central, el Sistema Bético, la Cornisa Cantábrica o gran parte del Sistema Ibérico debido a sus difíciles orografías (espacios de montaña, pantanos, etc.), los inadecuados trazados, o la carencia de vías de comunicación. Es de reseñar como la puesta en marcha de la red de alta velocidad hacia Levante ha mejorado la conectividad de regiones como Valencia y Murcia. Y aunque partían de una buena situación van a aumentar la conectividad cuando se desarrolle completamente la red de comunicaciones en la costa mediterránea, la "Y" vasca o las conexiones hacia Galicia y Asturias.

No obstante, ya se alzan voces que plantean una reflexión sobre el modelo de crecimiento de las infraestructuras de comunicación, buscando la manera de mejorar la conectividad y la intermodalidad aprovechando las substanciales mejoras de las últimas tres décadas y preconizando una ralentización en nuevas inversiones para apoyar el mantenimiento de las actuales (Bel, 2012; Herce, 2012).

Hay que reconocer que la mejora de las infraestructuras han colocado a España en una posición de privilegio al dotarse de un complejo industrial y de la construcción especializado que puede ser altamente competitivo en los nuevos mercados como los de países árabes, Iberoamérica o Estados Unidos, que empiezan a ver a la alta velocidad ferroviaria como un sistema de transporte rápido, fiable y sostenible.

La crisis del empleo: el fin del sueño de la convergencia con Europa

Si desde finales de 2007 se asistía al frenazo del sector de la construcción y de sus industrias auxiliares, el estallido de la burbuja financiera y los efectos colaterales en el sistema productivo mundial han acelerado el deterioro de la economía española con una velocidad inusitada dentro del conjunto de los países desarrollados. El desbocado crecimiento del paro (fig. 7) es uno de los indicadores más claros de este cambio ya que afecta dramáticamente a toda España con un incremento medio superior al 100%. Especialmente destacan el arco mediterráneo y las islas con el desplome del sector inmobiliario, las actividades complementarias y disminución de los ingresos turísticos; pero también crece el paro en espacios la actividad agropecuaria, minera o con una industria tradicional como Andalucía interior, Extremadura, Asturias o León; o con un tejido industrial exportador como Galicia, el Valle del Ebro, Madrid o su entorno. Tan sólo el País Vasco que transformó, en las dos últimas décadas del siglo pasado, su modelo productivo hacia una economía muy diversificada y cimentada en la industria, la exportación y los servicios a empresas, mantiene unas cifras de paro próximas a la media europea.

Esta situación ha fracturado la tendencia a la convergencia con Europa en las cifras del paro, cuando se llegó en 2007 a tener valores inferiores a la media europea. Retrotrayéndose al pasado, la evolución de las tasas de paro españolas (fig. 8)

ha tenido un comportamiento cíclico (fig. 9) en los que se destacarían tres periodos críticos como la mitad de los ochenta, los noventa, y el periodo actual, que ya supera ampliamente a todos los anteriores. Espacialmente hay que reseñar el cambio producido en los parámetros de la distribución y concentración del paro; porque en 1976, antes de entrar la economía española en crisis, prácticamente estaba generalizado el pleno empleo, ya que la mujer casi no se había incorporado al mercado laboral y la actividad productiva era muy autárquica.

La reestructuración económica y política se prorrogó durante una década, lo que supuso un crecimiento espectacular de las cifras del paro, fundamentalmente entre los jóvenes (Polo Andrés, 1992), y especialmente en Andalucía, Extremadura o Canarias — con modelos agropecuario tradicionales y un exiguo tejido industrial —, o el arco mediterráneo y la cornisa cantábrica — que tuvieron que reconvertir unas actividades tradicionales, de escasa productividad o poco adaptadas a los modelos industriales que se estaban imponiendo en los países desarrollados: minería, industria básica, pesca, astilleros o la siderurgia sufrirán una drástica reconversión o cierre — (Fernández García, 1988). Y, a pesar de fuertes periodos de crecimiento económico, se generaron importantes bolsas de paro que llegaron a superar el 30% a mediados de los noventa en toda Andalucía y Extremadura, y también de manera destacable en todo el arco mediterráneo, cornisa cantábrica, Galicia y Castillas. Es durante el cambio de milenio cuando se consigue converger con la media europea; España, se convierte en el alumno aplicado, alcanzando en 2006 el pleno empleo en muchas de las comunidades del norte y centro de España. Incluso en el Sur se lograron tasas de paro cercanas al 10%. Es el momento de la inmigración masiva, determinada por la locomotora de la construcción, de las obras públicas, de la agricultura intensiva, del turismo de masas. El shock de la actual Gran Recesión está suponiendo que en 2012 se asista a nuevas cifras de paro que están afectando, de nuevo a Andalucía, Extremadura, la costa mediterránea y muchas de las provincias castellanas. Es el reflejo de la crisis global debido a la crisis inmobiliaria y de la construcción, a la débil demanda de los servicios turísticos, a la bajada de la producción de la industria — en especial la industria auxiliar y del automóvil — a la pérdida de competitividad del sector agrícola, y al resurgir de tradicionales bolsas de paro, que estaban enmascaradas por las subvenciones de sectores públicos en territorios que no aprovecharon los años de bonanza. Es cierto, que el norte de España, y especialmente el País Vasco, abordan esta situación de manera diferente que en décadas anteriores, por lo que la recuperación pudiera ser más rápida en los espacios con mejor formación, con un tejido productivo más preparado y con una buena red de infraestructuras y servicios públicos. Algunos autores preconizan el pleno desempleo (Gaggi et al., 2008), con una dualización entre unos espacios ganadores y conectados con Europa — País Vasco, Madrid, Valle del Ebro y el eje del Mediterráneo — frente al resto, especialmente el cuadrante noroeste, necesitados de una nueva reorganización productiva, con un menor potencial logístico y alejada de Europa (Juliana, 2009).

Por otra parte, si se analizan las cifras de paro a una escala municipal aparecen matices interesantes (fig. 10). Se puede observar como los que presentan las cifras de paro más bajas, además de la marcada diferencia norte-sur y de la situación privilegiada de las provincias vascas y navarra, aparecen los espacios rurales más envejecidos del norte de España (Galicia interior, casi toda Castilla León, Huesca Teruel, Cuenca, Guadalajara), los agroganaderos más competitivos (Lleida, Girona, Tarragona), las áreas de montaña con actividades ligadas al turismo (zona pirenaica o cantábrica), o los municipios con residentes o actividades de alta cualificación de los entornos metropolitanos de Madrid, Barcelona, o Valencia. Es interesante reseñar que los espacios rurales de Jaén y Córdoba presentan cifras muy bajas de paro al corresponderse las cifras estudiadas con el periodo de la cosecha de la aceituna, lo que explicaría su comportamiento diferenciador.

La fragilidad del modelo español: ¿El fin del crecimiento?

Es obligado volver a la historia de este país para analizar en qué se ha fallado, cómo se iba tan bien y ahora el país está con el agua al cuello. Se constata la fragilidad del modelo español, inventando una realidad edulcorada basada en la acumulación de plusvalías y la financiación exterior para crecer fundamentalmente gracias a la construcción, el sector inmobiliario y las infraestructuras. Es cierto que la economía mundial y europea, mediante el maná descontrolado de los fondos estructurales y de cohesión, junto el crédito baratísimo, propiciaron la burbuja hispánica.

Sin embargo, la responsabilidad es del conjunto de la sociedad española, y se encuentra en los poderes públicos, la oligarquía económica, los medios de comunicación, y el egoísmo de la sociedad civil que, aprovechando la desregulación del modelo neoliberal, favorecieron una economía del pelotazo a corto plazo que no es homologable con los países líderes.

Pero España, a pesar de lo dicho, creció mucho y de manera sostenida, transformándose e incorporándose a la modernidad, despertando la admiración en el mundo. Y aunque la situación que padece el país es estructural, como espacio mediterráneo, es un país de contrastes y de emociones, que ha tenido fuertes oscilaciones en su crecimiento desde hace casi medio siglo y se puede plantear nuevas estrategias de futuro. Ante el fuerte impacto de esta crisis, hay que considerar que hacen falta reformas muy profundas, cambiando el modelo y establecer nuevas bases.

Además de ser necesario conciliar el desarrollo de actividades de media-baja productividad, para poder emplear a una parte de la población escasamente formada, con un nuevo modelo que ha de combinar excelencia, innovación, calidad, productividad modernidad y tradición. Igualmente, hay que recuperar la ética en la sociedad española, con la reforma política y administrativa en primer lugar, fomentando una cultura que se ocupe de la sociedad (Argandoña Ramiz, 2010), la oriente y le infunda un futuro plausible en los que los valores morales, la austeridad, la solidaridad y el trabajo bien hecho sean los pilares del nuevo modelo socioeconómico.

Pero esta visión globalizadora se debe de completar con el aprovechamiento de los recursos locales y el capital social (Caravaca et al., 2009), así como la erradicación de una economía sumergida que supone más del 23% del PIB español. Actualmente casi un cuarto de billón de euros supoone la economía sumergida en España según los técnicos de Hacienda (fig. 11), afectando tanto a las provincias del arco mediterráneo especializadas en la actividad turística y las segundas residencias, como en aquellas con un importante peso de explotaciones agroalimentarias (La Rioja, Huelva o Segovia), o con medianas industrias (Léon, Valladolid, A Coruña, Zaragoza o Granada). No obstante, esta parte de la economía sumergida supone un impacto laboral diferente (Abad Ochando, 2010; Moyano Jurado, 2010), siendo más elevado en las grandes áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante, con importantes actividades ligadas a los servicios y la hostelería (fig. 12).

Por eso, siguiendo el modelo de Florida, sectores como el turismo, la segunda residencia y los complejos para retirados europeos, tienen que ser actividades a impulsar, siempre que se mejore la atención y se moderen los costes. Y aunque el país ya no sea barato, la sanidad, la población, sus equipamientos, infraestructuras y servicios públicos, sus niveles de libertad, seguridad y tolerancia no son comparables con otros competidores, y son unos intangibles que deben potenciarse (Antón Clave, Duro Moreno, 2010).

Desde los Ministerios de Economía y Hacienda, Industria Turismo y Comercio, Trabajo e Inmigración, y Educación se preconiza que el cambio del modelo productivo, rompiendo con el tradicional apoyo a la construcción, y centrándose en la educación y la formación, y en impulsar a sectores en los que ya se está siendo líderes como las industrias energéticas — especialmente las renovables — obras públicas, alta velocidad ferroviaria, biotecnología, servicios avanzados, finanzas, sanidad, metalurgia, agroalimentación, o una industria automovilística que se ha de reconvertir totalmente. También hay que continuar con la internacionalización de las empresas y la generalización de una cultura de la sostenibilidad, la eficiencia, la utilidad, el aprovechamiento, la cooperación, la colaboración, y la equidad que garanticen un buen uso de los recursos (Niño Becerra, 2009), así como una aumento de la recaudación reduciendo la economía sumergida (fig. 13). Tan sólo una reducción de la misma en 10 puntos del PIB supondría unos ingresos adicionales de más de veinticinco mil millones de euro, lo que ayudaría a reducir los fuertes déficits públicos, especialmente de las Comunidades autónomas.

Una industria, apoyada en los servicios y la formación, debería ser una de las locomotoras (Myro, 2011; Di Meglio, Rubalcaba Bermejo, 2012), debiendo de aportar, al menos un 20% del PIB. Y, al mismo tiempo, como se preconiza desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la preservación del medio natural y la reducción del consumo energético pueden ser otro motor de crecimiento -una disminución del 20% supondría una mejora en 1% del PIB — con el atractivo añadido de su efecto permanente y acumulativo. Otras actividades como los servicios a la población, la nanotecnología, la bioteconología, la robótica o las redes de información, podrían ser nuevos sectores a explorar.

Pero, también existen debilidades, como la pérdida de confianza de los socios europeos, el fuerte envejecimiento (Azpeitia, Herce, 2010), al lastre educativo y la escasa valoración social de la formación profesional, se suman una fuerte dependencia tecnológica del exterior, unos lazos muy débiles entre la universidad y las empresas, así como una escasa cultura del trabajo en equipo. Por ello, formación, iniciativa, responsabilidad, calidad, capitalización e internacionalización son los nuevos retos de un país que lucha por salir de la primera crisis global de este milenio, y que requerirán cambios a nivel individual, colectivo e institucional (Innenarity, 2009), con una visión temporal amplia, en la que la solidaridad interregional favorezca el crecimiento dinámico no sólo de España, sino del conjunto de Europa. Movimientos como el 15 M sirven de pulso para manifestar la necesidad de un cambio social más allá de los criterio neoliberales. En caso contrario se podría abrir una sociedad sin beneficios, en la que las clases medias se diluyen en una masa social resignada, que vive al día y no se rebela (Gaggi, Narduzzi, 2007).

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